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Como su nombre lo refiere, la participación ciudadana implica acción, incidencia, articulación y unión. Desde que se modificó el artículo 9 de la Constitución Política de Costa Rica en 2003, las personas que habitamos este territorio quedamos sujetas a un maravilloso derecho, pero al mismo tiempo, a un gran deber, el cual nos invita a formarnos y ejercer como verdaderas personas artífices de nuestra democracia.
“El Gobierno de la República es popular, representativo, participativo, alternativo y responsable. Lo ejercen el pueblo y tres Poderes distintos e independientes entre sí. El Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial.”
Desprendido de este artículo, el Estado de Derecho Costarricense tiene en sus manos dos ingredientes fundamentales en materia del derecho a participar, por un lado, la iniciativa, motivación y conocimiento de la población para el ejercicio de este derecho y, por otra parte, la apertura de la institucionalidad pública para garantizar y acoger dicha participación de manera real y con verdadero impacto.
Tal y como lo definió desde 2004 el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la democracia de la ciudadanía no se reduce a las elecciones, sino va más allá, lo cual implica el ejercicio pleno que abarca los derechos civiles, políticos económicos y sociales.
“Se trata de discutir cómo se puede avanzar hacia una ciudadanía integral, lo que supone poner en el centro a la política como forma de que el ciudadano y más precisamente la comunidad de ciudadanos, pueda participar en decisiones sustanciales.”
Para América Latina y el Caribe esto conlleva desafíos significativos. La Encuesta sobre Confianza de la OCDE en esta región, estudio que tiene por objetivo medir, analizar y comprender los niveles de confianza de la población en sus gobiernos, evaluando factores diarios e institucionales que impulsan o debilitan la percepción, señaló en su más reciente informe que casi la mitad de las personas encuestadas (48%) expresaron una baja o falta de confianza en el gobierno (OCDE, 2025).
Precisamente, entre las sugerencias de este organismo internacional, para que las instituciones públicas fortalezcan la confianza, se encuentra aumentar la representación y la diversidad de sectores de la población en espacios públicos, a la vez que se brinden mecanismos y espacios para que las personas usuarias puedan interactuar, interponer recursos y, además, se mejore la calidad y cantidad de información dirigida a estos públicos.
Otro aspecto clave que señala la OCDE en este informe es la necesidad de mejorar la forma y tiempo para dar respuesta a la población, lo que puede incidir en la confianza ciudadana, al señalar que
“Para mejorar la capacidad de respuesta, los gobiernos de la región podrían hacer un seguimiento de los indicadores de desempeño de los servicios y aumentar los esfuerzos para generar mecanismos de retroalimentación eficaces que conecten directamente los insumos de los ciudadanos con los procesos de toma de decisiones, garantizando así mejoras visibles de los servicios basadas en las sugerencias públicas.”
Los mecanismos y espacios reales de participación en la gestión pública, que lleven a la incidencia ciudadana e interacción permanente, fortalecen la democracia a la vez que propician la transformación de las sociedades latinoamericanas.
El esfuerzo, liderado por el Poder Judicial de Costa Rica desde 2015 con la aprobación de la Política de Participación Ciudadana, cuyo seguimiento recae en la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia (Conamaj), pretende respetar y fomentar este derecho constitucional.
Con más de diez años de experiencia, se han consolidado espacios institucionales tales como las rendiciones de cuentas participativas de Defensa Pública y Ministerio Público, apertura de conjuntos datos abiertos e información pública, cocreación de las políticas públicas institucionales, encuentros comunitarios y diálogo directo en las Tardes de Café Policial del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), mecanismos de acceso a la justicia como la red de voluntariado de las personas facilitadoras judiciales en todo el país, colaboración local y permanente en las comisiones de personas usuarias y las redes comunitarias de justicia restaurativa.
En su Informe sobre Democracia y Desarrollo 2026, el PNUD hace un llamado a reimaginar la democracia sugiriendo el establecimiento de focos de intervención prioritarios mediante procesos políticos en los que la injerencia de distintos actores resulta determinante (PNUD, 2026). Para este organismo,
“un punto de partida es la convocatoria a diálogos nacionales amplios, intencionales y multiactor que permitan discutir cómo reconectar los vértices del triángulo democracia, Estado y desarrollo.
El ejercicio de la participación ciudadana es permanentemente dinámico, como se señala anteriormente. Conamaj conoce esta característica y, durante estos años, ha marcado pasos para promover dentro del Poder Judicial una gestión efectiva hasta alcanzar incidencia ciudadana.
La participación ciudadana no es un acto accesorio de la democracia, sino uno de sus pilares esenciales. El compromiso judicial con su fortalecimiento es firme, y desde esta Comisión se continuará impulsando espacios de diálogo, escucha e incidencia con una perspectiva de derechos humanos y de protección de los derechos fundamentales.
Solo una ciudadanía activa, informada y comprometida puede contribuir a que las decisiones institucionales respondan verdaderamente al interés público. Fortalecer esta cultura de participación implica asumir una responsabilidad compartida en la construcción de una democracia más transparente, inclusiva y legítima, donde el bien común prevalezca sobre los intereses particulares y la colaboración entre instituciones y ciudadanía se convierta en el camino para consolidar una sociedad más justa.
Redactado por la profesional en comunicación de Conamaj, Aurelia Bolaños Castro.
