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01 · Concepto
Es una forma de gestión pública aplicada al quehacer de la administración de justicia que redefine la vinculación entre el Poder Judicial y la sociedad en general, basándose en los principios de transparencia, participación y colaboración, con los fines de garantizar el Estado de Derecho, promover la paz social y fortalecer la democracia.
En los modernos Estados constitucionales, la apertura se convierte en una condición indispensable de un sistema de justicia de orientación democrática, en tanto hace posible el control y la fiscalización por parte de la población que habita en nuestro país. La reforma al artículo 11 de la Constitución Política de Costa Rica establece el deber de la Administración Pública de someterse a la evaluación de resultados y rendición de cuentas.
Asimismo, la adhesión de nuestro país a la Alianza para el Gobierno Abierto, en 2012, es otro de los impulsores del desarrollo, incorporación e implementación de los principios que inspiran la filosofía de Gobierno Abierto (transparencia, participación ciudadana y colaboración).
Esta experiencia es pionera en Costa Rica y a nivel internacional. Se trata de un primer acercamiento a la aplicación de la filosofía y principios de «Gobierno Abierto» dentro de la organización y funcionamiento de un Poder Judicial.

02 · Principios
03 · Política

Con el apoyo de personas expertas internacionales y nacionales, el Poder Judicial ha avanzado en la cocreación de la política de justicia abierta.
La alianza con la sociedad civil, organizaciones y universidades ha sido estratégica en este encauzamiento hacia respuestas óptimas en entornos sociales, económicos y tecnológicos más competitivos, dinámicos y complejos.
La aprobación de esta política en marzo de 2018 conlleva importantes retos institucionales a nivel reflexivo, de planificación y construcción colectiva.
El futuro de justicia abierta se visualiza prometedor en la medida en que el Poder Judicial pueda seguir a tono con la cocreación, la innovación y la lectura pertinente al ámbito social en el que se desarrolla.
En este apartado encontrará la versión de la Política de Justicia Abierta, para consultas puede llamar al 506-2295-3322 o escribir a conamaj@poder-judicial.go.cr
04 · Comisión
La Política de Justicia Abierta contempla la conformación de la Comisión de Justicia Abierta, que es la instancia articuladora que velará por su cumplimiento y estará integrada por la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia (Conamaj), como ente coordinador.
Además, esta Comisión estará integrada por representantes del Despacho de la Presidencia, Comisión de Transparencia, Comisión de Acceso a la Justicia, Consejo Superior, Dirección de Tecnología de la Información, Dirección de Prensa y Comunicación, Dirección Ejecutiva, Dirección de Planificación, Dirección de Gestión Humana, Contraloría de Servicios, Escuela Judicial, Programa de Justicia Restaurativa, Ministerio Público, Defensa Pública, Organismo de Investigación Judicial, Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional, Secretaría de Género, una persona representante de los gremios del Poder Judicial por ámbito, una persona representante de cada una de las comisiones jurisdiccionales y un representante del Colegio de Abogados y Abogadas.
También tendrán participación al menos ocho personas externas al Poder Judicial que pueden representar actores sociales, instituciones, organismos, organizaciones o empresas, interesadas en el accionar judicial. Esta elección se realizará democráticamente en un proceso definido por la propia ciudadanía, de amplia convocatoria, por un período de dos años.
Actualmente la Comisión de Justicia Abierta cuenta con representación de sociedad civil, en la figura de la Fundación Puente a la Libertad.
Visitar puentealalibertad.org ↗ (se abre en una pestaña nueva)05 · Antecedentes
En los modernos Estados constitucionales, la apertura se convierte en un atributo imprescindible de un sistema de justicia de filiación y orientación democrática, en tanto hace posible el control de la actuación del Poder Judicial por parte de la opinión pública. La reforma al artículo 11 de la Constitución Política establece el deber de la Administración Pública de someterse a la evaluación de resultados y rendición de cuentas y fue acompañada de la promulgación de legislación que acrecentó las potestades fiscalizadoras del órgano contralor como parte de una política articulada para garantizar mayor control, transparencia en la gestión pública y la sanción de conductas indebidas.
Se han impulsado cambios profundos en la organización y funcionamiento del Poder Judicial para garantizar una conducta éticamente irreprochable de todo su personal, especialmente en juezas y jueces para la prestación de un servicio público comprometido con la transparencia.
Entre las acciones para fomentar la apertura de la gestión judicial se encuentran: la rendición de cuentas a la Asamblea Legislativa, el informe de labores anual a la ciudadanía y a los Poderes de la República en el acto de apertura del Año Judicial, el programa de audiencias públicas (visitas a las comunidades), la transparencia presupuestaria a través de la página web, la integración de la sociedad civil en los órganos de decisión, el acceso a la prensa, difusión de las decisiones de gobierno y administración judicial, la disponibilidad de sentencias, planes de trabajo, ejecución presupuestaria, auditorías de distintos departamentos y oficinas judiciales, el funcionamiento de la Contraloría de Servicios, la adopción del Código de Ética y el deber de juezas y jueces de rendir declaración patrimonial.
El devenir de una
Creación del programa institucional.
Costa Rica se incorpora a la Alianza para el Gobierno Abierto.
Creación de la política de Justicia Abierta.
Inicia el Servicio Nacional de Facilitadoras y Facilitadores Judiciales.
Impulso a la política institucional.
Apoyo técnico.
Compromiso: creación de política de justicia abierta.
Se aprueba la Política de Justicia Abierta y se recibe colaboración de EuroSocial.
Se incluye el tema de Justicia Abierta como eje transversal en el PEI.
Compromiso: creación del «Observatorio Judicial».
Creación de protocolo de apertura de datos del PJ.
Compromiso: Estrategia de abordaje del rezago judicial.
Implementación de plan piloto en 4 juzgados.
Fortalecimiento de capacidades para la generación y uso de datos OSIG con enfoque de derechos humanos.
En plataforma CKAN.
La adhesión voluntaria de Costa Rica a la Alianza para el Gobierno Abierto, en 2012, propicia el surgimiento de una nueva etapa en la dirección que, desde hace varios años, la institución ha desarrollado, incorporando e implementando los principios que inspiran la filosofía de Gobierno Abierto.
El Poder Judicial ha asumido un compromiso firme con la agenda internacional de Gobierno Abierto y formuló la Política de Justicia Abierta para orientar toda su gestión, en los ámbitos jurisdiccional, administrativo y de los órganos auxiliares. La Política es una herramienta declarativa y orientadora del actuar de la institución, para promover la transparencia, la participación de la población en la gestión institucional y la colaboración o formulación de alianzas institucionales y con la sociedad civil.
El tema del Gobierno Abierto es una de las prioridades de la Presidencia de la Corte, con fundamento en lo dispuesto en la Constitución Política de Costa Rica en sus artículos 9, 41, 152, 153, 154 y 156, y los artículos 1 y 3 de la Ley 7.333, Ley Orgánica del Poder Judicial, por cuanto la transparencia y el acceso a la información pública se vinculan, en la actualidad, al ejercicio de un derecho humano.
Conoce las iniciativas, consulta las publicaciones institucionales y forma parte del cambio en el Poder Judicial de Costa Rica.
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